ADASFRO

La Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras (ADASFRO) inició un estudio exhaustivo sobre la accesibilidad en todos los centros educativos del cantón de Paraíso, ante una posible práctica sistemática de certificaciones irregulares emitidas por directores escolares y colegiales.

El proceso comenzó tras detectarse que la mayoría de directores de instituciones educativas de Paraíso certificaron que sus centros están accesibles para las personas con discapacidad, pese a que inspecciones oficiales señalan lo contrario.

Ministerio de Salud desmiente certificaciones

La situación quedó oficialmente en evidencia el 18 de noviembre de 2025, cuando la Dirección del Área Rectora de Salud de Paraíso emitió la carta CARTA-MS-DRRSCE-DARSP-1229-2025, en respuesta a la denuncia Nº 0222-2025 presentada por ADASFRO.

En el caso de la Escuela José María Loría Vega, el Ministerio de Salud informó que la inspección realizada el 4 de noviembre de 2025 determinó un incumplimiento claro de la Ley 7600. Esto contradice la certificación firmada por la dirección del centro educativo, que aseguraba accesibilidad total.

Debido a las irregularidades encontradas, Salud trasladó el caso a la Dirección Regional Rectora de Salud Central Este para coordinar una inspección interministerial junto con la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP.

El documento firmado por el Dr. Carlos Alberto Granados Siles confirma que el incumplimiento es tal que se requiere una intervención conjunta de ambas instituciones.

Una práctica que podría repetirse en tiempos electorales

Fuentes cercanas al proceso, así como antecedentes recopilados por ADASFRO, apuntan a que esta situación no sería aislada. Según la organización, existe evidencia de que durante procesos electorales pasados —tanto nacionales como cantonales— algunos directores han emitido certificaciones de accesibilidad “para ayudar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”, aun cuando los centros educativos presentan barreras físicas y normativas.

La accesibilidad de centros educativos es fundamental porque muchas escuelas se habilitan como centros de votación. Una certificación errónea podría afectar directamente el derecho al voto de cientos de personas con discapacidad.

ADASFRO levanta investigación en todo Paraíso

Ante el hallazgo, la Asociación anunció que inspeccionará cada uno de los centros educativos del cantón, con el fin de:

• Verificar si cumplen realmente con la Ley 7600.

• Identificar patrones de certificaciones sin fundamento técnico.

• Documentar posibles contradicciones entre informes escolares y verificaciones del Ministerio de Salud.

• Remitir hallazgos al TSE, al MEP y al Ministerio de Salud para evitar que se repitan prácticas irregulares en próximos procesos electorales.

La organización también informó que compartirá sus resultados con las comunidades educativas y con las organizaciones de personas con discapacidad del cantón.

Transparencia urgente

El caso de la Escuela José María Loría Vega plantea la necesidad de una revisión más estricta de los informes emitidos desde los centros educativos, especialmente cuando estos pueden incidir en procesos electorales y en el cumplimiento de derechos fundamentales.

ADASFRO continuará monitoreando la actuación de las instituciones responsables y publicará los próximos avances del estudio en Paraíso.