La organización, había solicitado una investigación integral sobre el incidente ocurrido el 15 de abril de 2026, cuando un trabajador reportó haber recibido una sustancia química mientras realizaba sus labores agrícolas.

Como resultado de la gestión, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) realizó una inspección de campo, revisó documentación relacionada con la operación de drones y visitó el aeródromo de Zapote, en Sarapiquí, para verificar aspectos vinculados con las aplicaciones aéreas.

Uno de los principales resultados obtenidos quedó plasmado en el informe técnico del SFE. La investigación determinó que la información presentada por la finca y la empresa encargada de la aplicación mediante RPAS coincidía con los hechos denunciados en aspectos como la hora, los polígonos de aplicación y el trabajador involucrado.

El informe también señala que el trabajador se encontraba realizando labores en el cable #40 de Finca Oropel durante el horario en que se efectuó una aplicación aérea mediante RPAS. Además, la documentación revisada por los inspectores estableció que dicha aplicación no se encontraba programada en el plan de trabajo.

Otro aspecto relevante es que el SFE determinó que los hallazgos relacionados con posibles incumplimientos laborales debían ser trasladados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por corresponder a esa institución el análisis de las competencias relacionadas con la inspección laboral.

ADASFRO mantiene seguimiento

ADASFRO considera que estos resultados representan un avance importante, debido a que la denuncia no quedó únicamente como un señalamiento sin investigación, sino que generó actuaciones de fiscalización, revisión documental e inspección en campo.

La organización también ha solicitado mantener una reunión con las autoridades del SFE para conocer las actuaciones posteriores al informe, el seguimiento dado al traslado realizado al Ministerio de Trabajo y las medidas preventivas o correctivas que puedan adoptarse.

El objetivo de ADASFRO es que el caso tenga continuidad institucional y resultados concretos, especialmente para prevenir que trabajadores agrícolas puedan quedar expuestos a aplicaciones de agroquímicos durante sus jornadas laborales.

La organización sostiene que la coordinación entre las instituciones responsables resulta fundamental para fortalecer la fiscalización, proteger la salud de las personas trabajadoras y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

El caso de Finca Oropel evidencia además la importancia de que las denuncias ciudadanas y de las organizaciones sociales sean investigadas de manera técnica y que, cuando una institución determine que existen aspectos que corresponden a otra autoridad, se garantice un adecuado traslado y seguimiento del expediente.